En medio del debate por la situación financiera de las isapres, luego de que se dictara un fallo que obliga a las aseguradoras a devolver US$ 1.400 millones a sus afiliados y el gobierno propusiera un proyecto de ley corta para cumplirlo, la presidenta (S) de la Tercera Sala y vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, explicó los alcances del dictamen.

La ministra afirmó en una entrevista con La Tercera que los excedentes se deben devolver solo a quienes demandaron. "Al no haber nunca usted demandado, no tiene nada hacia atrás que cobrar. Los excedentes que las isapres tienen que devolver son a las personas que demandaron". Eso sí, aclaró que "el resto de los afiliados, a partir de este fallo, pueden exigir que se les ajusten sus planes hacia adelante".

La ministra explicó que no tenían conocimiento del impacto económico que tendría ni a cuánta gente beneficiaría. "Nosotros cuando dimos la prórroga de plazo fuimos claros en decir que nunca se nos habían presentado esos estudios, cuál era el universo sobre el cual se calcularon y cómo se calculó, eso jamás se nos presentó. Ni tampoco se nos ha hecho ninguna consulta por ningún incumbente a estos procesos, es decir, ni por la Superintendencia, ni por las isapres". 

Respecto de los cálculos de que el fallo favorecería a 700 mil afiliados, dijo que "ese es un número parecido a los que han demandado, pero eso es un cálculo que solamente se lo puedo decir de acuerdo a lo que hemos recibido vía medios de comunicación".

La ministra enfatizó que no tenían conocimiento del costo de la resolución, porque "son los incumbentes los que tendrían que hacernos presentes los costos que esto significa y hasta qué punto esos costos se avienen o no con nuestro fallo. Nosotros no podemos ir de oficio a investigar cómo se están haciendo los cálculos, no nos corresponde".

Vivanco también defendió la labor de los jueces y puso atención sobre el tono de las críticas que han recibido. "No es bueno para el país que se insulte a los jueces o que se llame a no cumplir fallos judiciales cuando molestan. Me parece muy grave y esto lo digo tanto si hay que cumplir un fallo judicial respecto de llevar presa a una persona, como cumplir un fallo judicial respecto de una industria que pague un excedente o que se respete la normativa medioambiental".

La magistrada afirmó que respetan el cumplimiento de la Constitución, "y la Constitución contempla a esta fecha la provisión mixta de los servicios, y esto ocurre en educación, previsión social, salud, etcétera. No tenemos ninguna animadversión ni tampoco tenemos una simpatía especial por ninguna industria que signifique que vamos a fallar a su favor o en contra y todo lo que hemos hecho es analizar los antecedentes jurídicos que se nos exponen, hacernos cargo de una situación de judicialización extrema". 

Asimismo, dijo que no son los verdugos de las industrias. "Si las isapres o cualquier industria, da lo mismo, consideran que una forma de cumplimiento les puede generar un problema grave, tienen todo el derecho a expresarlo así y la autoridad sectorial tendrá que así considerarlo, porque este fallo jamás ha pretendido que deje de existir la salud privada. Si la salud privada dejara de existir, no va a ser por intermedio ni por disposición de los tribunales, sino por otras modificaciones que se hagan legales o constitucionales". 

Las declaraciones de este domingo se contradicen con lo expresado en marzo, durante una cumbre de autoridades actuales y pasadas en el Senado, cuando dijo que se había establecido el marco general sobre cuál era el tiempo en el que había que resolver este tema; mientras que, en referencia a los montos, “dejamos los cálculos a la Superintendencia porque este es un fallo de efectos generales para todos aquellos que han sido afectados por la imposición de tablas de factores que no correspondían”.

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